Mala praxis, tarjeta roja para el arquitecto –
¿Qué puede
reclamar el cliente?
Muchas veces los clientes se sienten desprotegidos frente
a los problemas que ocurren durante el desarrollo de una obra. ¿Qué puede
reclamar el cliente? ¿A quiénes pueden recurrir? Además de las causas civiles o
penales en instancias judiciales, existen procedimientos llamados causas de
éticas. Las sanciones pueden llegar hasta la cancelación definitiva de la
matrícula o las sanciones con censura pública.
Por supuesto que casi todas las diferencias se superan
hablando. Ponerse de acuerdo es algo que la mayoría de las veces nos lleva
tiempo, pero que es imprescindible para vivir en sociedad. Las relaciones entre
profesionales y clientes se basan en acuerdos implícitos y también explícitos. Pero
no siempre las cosas son así.
Algunas veces los problemas pasan a mayores y los
conflictos se resuelven con la ley en la mano. Y no sólo con Código Civil o
Penal. Existen, además, las llamadas “causas de ética”, en las que se puede
denunciar a un profesional por faltas a las reglas básicas del ejercicio de su
actividad.
En la Ciudad de Buenos Aires, según información
proporcionada por el CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo) las
causas principales por las que los clientes denuncian a arquitectos son éstas:
problemas técnicos de construcción y la negligencia en la ejecución de la obra,
ejecutar la obra sin tener el permiso municipal, no cumplir con el contrato,
abandonar la obra sin justificación, comenzar los trabajos sin la presentación
del proyecto, no respetar el cronograma, modificar el proyecto sin consultar
con el cliente, no entregar carpetas técnicas o el plano final, no controlar al
personal y no concurrir a la obra.
Ejemplos puede haber cientos, pero el caso real que viene
a continuación es un ejemplo en el que transgresiones y desacuerdos de todo
tipo se hicieron presentes en una misma obra.
Un caso que
se lleva todos los laureles
Había que realizar una vivienda nueva, un trabajo que
implicaba las tareas de demolición en la construcción existente, realizar y
revocar nuevamente las medianeras y el contrafrente, hacer nuevas estructuras
(es decir bases, columnas, vigas y escaleras), realizar todas las instalaciones
(gas, electricidad, calefacción), colocar pisos y reparar el cielorraso. Además,
de realizar todos los trámites burocráticos correspondientes ante la autoridad
competente (GCBA).
Sin embargo alguien no entendió bien la consigna o no
quiso entender.
A ver: para empezar, y siempre según la denuncia de este
cliente, las terminaciones parecían no estar “terminadas”, y había fallas
graves en la estructura. Ni qué decir del desapego al orden y limpieza que en
todo sentido se veía puertas adentro del obrador. Además, según consta en acta,
los obreros jamás vieron un recibo de sueldo. Claro, esto es lo que el
damnificado pudo ir viendo según pasaba el tiempo y mientras aumentaba su
enojo. Sin embargo, otras sorpresas lo esperaron luego de indagar un poco más,
que aunque de índole más técnica no menores. Entre otras, la entrega de la
documentación incompleta, la no realización de trámites municipales, la
superposición en la misma persona de los roles de contratista y director de
obra, la falta de cartel de obra y la entrega fuera de tiempo de los
certificados de avance de obra. Todo adobado por alguna maniobrilla fraudulenta
al incluir el IVA en los honorarios siendo el susodicho responsable no
incripto.
De más está decir que al principio fueron todas
discusiones y que el arquitecto se fue de la obra cuando el cliente lo terminó
echando. (Hubo también una denuncia de abandono de obra que no se pudo
comprobar).
Lo primero que sucedió luego fueron las intimaciones con
cartas documento instándolo a reparar todos los incumplimientos y los
problemas. Pero luego del infructuoso intento llegó el turno de la Causa de
ética.
Sanción
ejemplar
La cosa se resuelve con un juicio en el que la
organización que matricula a los profesionales determina la gravedad de los
hechos. En este caso, por supuesto, el arquitecto rechazó todos los cargos,
además de manifestar su enojo por la falta de pagos de sus honorarios
profesionales. También dijo que no se habían pagado los derechos necesarios
para terminar la tramitación administrativa de los planos ante el GCBA y que sus
clientes se mudaron a la obra, aún cuando no se encontraba lista, lo que
produjo la paralización de la misma.
Las excusas no tuvieron el efecto buscado. Según señaló
el comité juzgador, el profesional debió haber acreditado en la causa los
honorarios impagos. También debió acercar pruebas de la realización de un
proyecto, -o sea, que le probaron que comenzó la obra sin realizar el proyecto
encomendado-. Por otro lado, no subsanó los graves errores cometidos y no pagó
las cargas sociales ni los seguros del personal que trabajaba para él. Además,
engañó a sus clientes cuando aseguró haber ingresado el trámite de la obra en
el GCBA y cobró por esto una importante suma de dinero a cuenta. Por todo esto,
resolvieron suspenderle la matrícula por el término de dos años y anunciar una
censura pública (publicar en los medios de comunicación tal suspensión).
Seguramente no todos los casos son tan serios o
contundentes. Pero, a veces, una ayuda de colegas que prefieren que las cosas
se hagan bien viene bárbaro.
Fuente: www.cronista.com
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